Prompted by the 20th anniversary of the 1993 World Development Report, a Lancet Commission revisited the case for investment in health and developed a new investment framework to achieve dramatic health gains by 2035. The Commission's report has four key messages, each accompanied by opportunities for action by national governments of low-income and middle-income countries and by the international community. First, there is an enormous economic payoff from investing in health. The impressive returns make a strong case for both increased domestic financing of health and for allocating a higher proportion of official development assistance to development of health. Second, modeling by the Commission found that a "grand convergence" in health is achievable by 2035-that is, a reduction in infectious, maternal, and child mortality down to universally low levels. Convergence would require aggressive scale up of existing and new health tools, and it could mostly be financed from the expected economic growth of low- and middle-income countries. The international community can best support convergence by funding the development and delivery of new health technologies and by curbing antibiotic resistance. Third, fiscal policies -such as taxation of tobacco and alcohol- are a powerful and underused lever that governments can use to curb non-communicable diseases and injuries while also raising revenue for health. International action on NCDs and injuries should focus on providing technical assistance on fiscal policies, regional cooperation on tobacco, and funding policy and implementation research on scaling-up of interventions to tackle these conditions. Fourth, progressive universalism, a pathway to universal health coverage (UHC) that includes the poor from the outset, is an efficient way to achieve health and financial risk protection. For national governments, progressive universalism would yield high health gains per dollar spent and poor people would gain the most in terms of health and financial protection. The international community can best support countries to implement progressive UHC by financing policy and implementation research, such as on the mechanics of designing and implementing evolution of the benefits package as the resource envelope for public finance grows.

Con motivo del 20º aniversario del Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993, una Comisión de la revista The Lancet reconsideró el argumento a favor de la inversión en salud y desarrolló un nuevo marco de inversión para lograr mejoras dramáticas en materia de salud para el año 2035. El informe de la Comisión contiene cuatro mensajes clave, cada uno acompañado de oportunidades para los gobiernos nacionales de países de ingresos bajos y medios y para la comunidad internacional. En primer lugar, invertir en salud acarrea enormes rendimientos económicos. Las impresionantes ganancias son un fuerte argumento a favor de un aumento en el financiamiento nacional de la salud y de asignar una mayor proporción de la asistencia oficial al desarrollo de la salud. En segundo lugar, en el modelo creado por la Comisión se encontró que es posible lograr para el año 2035 una "gran convergencia" en salud, consistente en la reducción de las tasas de mortalidad materna, infantil y por infecciones a niveles universalmente bajos. Tal convergencia requeriría la ampliación de las herramientas de salud existentes y un incremento agresivo de nuevas herramientas, y podría ser financiada en su mayor parte con recursos derivados del crecimiento económico esperado de los países de ingresos bajos y medios. La mejor manera en que la comunidad internacional puede apoyar la convergencia es financiando el desarrollo y suministro de nuevas tecnologías de salud, y frenando la resistencia a los antibióticos. En tercer lugar, las políticas fiscales -tales como los impuestos al tabaco y al alcohol- son una palanca poderosa y subutilizada que los gobiernos pueden emplear para detener el avance de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las lesiones, a la vez que elevan los ingresos públicos para la salud. La acción internacional sobre las ENT y lesiones debería enfocarse en proporcionar asistencia técnica sobre políticas fiscales, en cooperación regional para el combate al tabaquismo y en financiar investigación sobre políticas e implementación para ampliar las intervenciones que enfrenten estos problemas. En cuarto lugar, la universalización progresiva -una vía hacia la cobertura universal de salud (CUS) que incluya desde el comienzo a los pobres- es una manera eficiente de lograr la protección a la salud contra riesgos financieros. Para los gobiernos nacionales, la universalización progresiva produciría elevadas ganancias en salud por cada dólar que se gaste en ésta, y los pobres serían quienes más ganarían en términos tanto de salud como de protección financiera. La mejor manera en que la comunidad internacional puede brindar apoyo a los países para implementar una CUS progresiva es financiando la investigación sobre políticas e implementación, por ejemplo, sobre la mecánica del diseño e instrumentación de la evolución del paquete de beneficios conforme crezca el presupuesto para las finanzas públicas.

Prompted by the 20th anniversary of the 1993 World Development Report, a Lancet Commission revisited the case for investment in health and developed a new investment framework to achieve dramatic health gains by 2035. The Commission's report has four key messages, each accompanied by opportunities for action by national governments of low-income and middle-income countries and by the international community. First, there is an enormous economic payoff from investing in health. The impressive returns make a strong case for both increased domestic financing of health and for allocating a higher proportion of official development assistance to development of health. Second, modeling by the Commission found that a "grand convergence" in health is achievable by 2035-that is, a reduction in infectious, maternal, and child mortality down to universally low levels. Convergence would require aggressive scale up of existing and new health tools, and it could mostly be financed from the expected economic growth of low- and middle-income countries. The international community can best support convergence by funding the development and delivery of new health technologies and by curbing antibiotic resistance. Third, fiscal policies -such as taxation of tobacco and alcohol- are a powerful and underused lever that governments can use to curb non-communicable diseases and injuries while also raising revenue for health. International action on NCDs and injuries should focus on providing technical assistance on fiscal policies, regional cooperation on tobacco, and funding policy and implementation research on scaling-up of interventions to tackle these conditions. Fourth, progressive universalism, a pathway to universal health coverage (UHC) that includes the poor from the outset, is an efficient way to achieve health and financial risk protection. For national governments, progressive universalism would yield high health gains per dollar spent and poor people would gain the most in terms of health and financial protection. The international community can best support countries to implement progressive UHC by financing policy and implementation research, such as on the mechanics of designing and implementing evolution of the benefits package as the resource envelope for public finance grows.

Con motivo del 20º aniversario del Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993, una Comisión de la revista The Lancet reconsideró el argumento a favor de la inversión en salud y desarrolló un nuevo marco de inversión para lograr mejoras dramáticas en materia de salud para el año 2035. El informe de la Comisión contiene cuatro mensajes clave, cada uno acompañado de oportunidades para los gobiernos nacionales de países de ingresos bajos y medios y para la comunidad internacional. En primer lugar, invertir en salud acarrea enormes rendimientos económicos. Las impresionantes ganancias son un fuerte argumento a favor de un aumento en el financiamiento nacional de la salud y de asignar una mayor proporción de la asistencia oficial al desarrollo de la salud. En segundo lugar, en el modelo creado por la Comisión se encontró que es posible lograr para el año 2035 una "gran convergencia" en salud, consistente en la reducción de las tasas de mortalidad materna, infantil y por infecciones a niveles universalmente bajos. Tal convergencia requeriría la ampliación de las herramientas de salud existentes y un incremento agresivo de nuevas herramientas, y podría ser financiada en su mayor parte con recursos derivados del crecimiento económico esperado de los países de ingresos bajos y medios. La mejor manera en que la comunidad internacional puede apoyar la convergencia es financiando el desarrollo y suministro de nuevas tecnologías de salud, y frenando la resistencia a los antibióticos. En tercer lugar, las políticas fiscales -tales como los impuestos al tabaco y al alcohol- son una palanca poderosa y subutilizada que los gobiernos pueden emplear para detener el avance de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las lesiones, a la vez que elevan los ingresos públicos para la salud. La acción internacional sobre las ENT y lesiones debería enfocarse en proporcionar asistencia técnica sobre políticas fiscales, en cooperación regional para el combate al tabaquismo y en financiar investigación sobre políticas e implementación para ampliar las intervenciones que enfrenten estos problemas. En cuarto lugar, la universalización progresiva -una vía hacia la cobertura universal de salud (CUS) que incluya desde el comienzo a los pobres- es una manera eficiente de lograr la protección a la salud contra riesgos financieros. Para los gobiernos nacionales, la universalización progresiva produciría elevadas ganancias en salud por cada dólar que se gaste en ésta, y los pobres serían quienes más ganarían en términos tanto de salud como de protección financiera. La mejor manera en que la comunidad internacional puede brindar apoyo a los países para implementar una CUS progresiva es financiando la investigación sobre políticas e implementación, por ejemplo, sobre la mecánica del diseño e instrumentación de la evolución del paquete de beneficios conforme crezca el presupuesto para las finanzas públicas.

INTRODUÇÃO: Problemas de saúde mental na infância/adolescência (SMIA) trazem diversos prejuízos e geram altos custos. A assistência precoce pode ser custo efetiva, levando a melhor qualidade de vida a longo prazo. OBJETIVOS/MÉTODO: Analisando os artigos mais relevantes, documentos do governo, base de dados e a política nacional, este artigo discute como melhor administrar a atual falta de serviços na área da SMIA e propõe estratégias para maximizar os serviços já existentes. RESULTADOS: Dados apontam evidente falta de serviços e de profissionais para tratar dos problemas de SMIA. Serviços especializados, como o CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil) estão estruturados para assistir casos severos, mas são insuficientes e desigualmente distribuídos. A maioria da população já tem bom acesso às unidades básicas de saúde e um melhor planejamento ajudaria a prepará-las para melhor assistir indivíduos com problemas de SMIA. Psiquiatras são escassos no sistema público, enquanto psicólogos e pediatras estão mais disponíveis; para estes recomenda-se capacitação mais especializada em SMIA. Incentivos financeiros e de carreira motivariam profissionais a procurarem emprego no sistema público de saúde. CONCLUSÕES: Apesar de estratégias complexas e de longo prazo serem necessárias para lidar com as atuais barreiras no campo da SMIA, a implantação de certas propostas simples já poderiam trazer impacto imediato e positivo neste cenário.

INTRODUCTION: Child/adolescent mental health (CAMH) problems are associated with high burden and high costs across the patient's lifetime. Addressing mental health needs early on can be cost effective and improve the future quality of life. OBJECTIVE/METHODS: Analyzing most relevant papers databases and policies, this paper discusses how to best address current gaps in CAMH services and presents strategies for improving access to quality care using existing resources. RESULTS: The data suggest a notable scarcity of health services and providers to treat CAMH problems. Specialized services such as CAPSi (from Portuguese: Psychosocial Community Care Center for Children and Adolescents) are designed to assist severe cases; however, such services are insufficient in number and are unequally distributed. The majority of the population already has good access to primary care and further planning would allow them to become better equipped to address CAMH problems. Psychiatrists are scarce in the public health system, while psychologists and pediatricians are more available; but, additional specialized training in CAMH is recommended to optimize capabilities. Financial and career development incentives could be important drivers to motivate employment-seeking in the public health system. CONCLUSIONS: Although a long-term, comprehensive strategy addressing barriers to quality CAMH care is still necessary, implementation of these strategies could make.